EL INTENTO DE INHABILITACIÓN POLÍTICA CONTRA MARÍA CORINA MACHADO, EN EL MARCO DEL COLAPSO TOTAL DEL PAÍS, PRODUCTO DE LA GUERRA QUE UN ESTADO DEPREDADOR, CONDUCIDO POR UNA CLEPTO KAKISTOCRACIA, HA DESATADO CONTRA LA CIUDADANÍA
 

Allan R. Brewer-Carías
Profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
 

 
I. EL BURDO INTENTO DE INHABILTAR POLÍTICAMENTE A MARIA CORINA MACHADO

  ​La inhabilitaciones políticas, como la que con fecha 27 de junio de 2023 se ha pretendido “declarar” contra María Corina Machado, destacadísima líder política del país que ha emergido como indudable ganadora en el proceso de las elecciones primarias de candidatos de oposición para unas elecciones presidenciales que supuestamente tendrán lugar en 2024, por un funcionario inferior de la Contraloría General de la República en una forma burda e inicua, como la expresada en un “oficio” dirigido a un Diputado de nombre Brito, no es un hecho político nuevo en el país, así como no lo ha sido en otros países gobernados por gobiernos populistas y autoritarios, conducidos por clepto kakistocracias. Años atrás, se dictaron medidas de ese tipo contra otros líderes de oposición, como Henrique Capriles y Leopoldo López.

  Sin embargo, lo que si es cierto ahora, es que nunca antes, en ningún caso precedente ocurrido dentro o fuera del país, se haya pretendido imponer una inhabilitación política en una forma tan inconstitucional, ilegal, rústica, burda, tosca, ruda, bruta, grosera, basta, inculta, ignorante, ignara, iletrada e indocta como la supuestamente contenida en el mencionado “oficio” que no es sino una ilegal “certificación de mera relación” emitida por un funcionario de la Contraloría General de la República de bajo nivel, a cargo de llevar a cabo unos supuestos e indeterminados “procedimientos especiales,” de nombre Antonio José Meneses Rodríguez; documento que el mismo Contralor General de la República no se atrevió a emitir.

  Por ello, con razón, la Comisión Nacional de Primarias, a cargo de realizar las elecciones primarias para escoger el candidato de la oposición, luego de considerar que “esta medida arbitraria forma parte de una práctica reiterada cuyo propósito ha sido impedir la libre expresión de la voluntad de los electores,” y de que con el mencionado oficio de la Contraloría, se “ha extendido a quince años la medida de inhabilitación de doce meses que dictó en 2015, en franca violación al derecho al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República,” expresó que:
 
“Estas medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República son una sanción de carácter inconstitucional y contrarias a los estándares internacionales sobre Derechos Humanos, pues no solo atentan contra la garantía según la cual el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos únicamente puede ser suspendido mediante sentencia judicial firme (artículo 42 de la Constitución de la República), sino también contra la participación y deliberación libre y plural de ideas que requiere toda sociedad democrática. Tales sanciones no son obstáculo para la participación en la Primaria, como ha sostenido reiteradamente        esta         Comisión.”   (Véase el                                    texto          en: https://www.lapatilla.com/2023/06/30/comision-rechazo-inhabilitacion/).

    El derecho a ser electo, por lo demás es un valor universal de la democracia, garantizado, además de en las Constituciones de los Estados, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (art. 25.2) y en la Convención American de Derechos Humanos (Art. 23.1.b), la cual es precisa en establecer que solo por Ley se puede restringir el ejercicio de este derecho, exclusivamente, entre otros casos, “por razones de condena, por juez competente, en proceso penal” (art. 23.2), lo que excluye absolutamente toda restricción por vía administrativa, como la que en Venezuela se ha atribuido inconstitucionalmente al Contralor General de la República.

        En Venezuela, esa atribución del Contralor viola el artículo 42 de la Constitución que establece enfáticamente que el ejercicio de los derechos políticos, como el derecho a ser electo, “sólo puede ser suspendido por sentencia judicial en los casos que determine la ley.”

II. LA SUPUESTA E INEXISTENTE INHABILITACIÓN POLÍTICA DECRETADA CONTRA MARÍA CORINA MACHADO

   El intento de inhabilitación política decretada por el régimen depredador en contra de María Corina Machado que se ha manifestado en el mencionado “oficio” de un funcionario subalterno de la Contraloría, sin duda era una de esas medidas “anunciadas” que parecía que el régimen tomaría inevitablemente contra ella, ante el avance arrollador de su candidatura opositora, hasta ahora sólo para unas “elecciones primarias” de candidatos de oposición, pero que se perfila contra el gobierno conducido por la clepto kakistocracia, que ha usado el aparato del Estado para destruir al país.

  Pero con el intento, y la forma como lo ha hecho, en realidad, lo que ha demostrado el régimen es que efectivamente está acabado y perdido, y además, hundido en su propia incompetencia, de manera que renunciando, por ahora, a usar al dócil Tribunal Supremo de Justicia para cometer una nueva inconstitucionalidad – como hasta ahora ha ocurrido –, recurrió al más fácil y burdo expediente de hacer que un funcionario de ínfimo nivel de la Contraloría General de la República, el Sr. Antonio José Meneses Rodríguez, quien firma con el pomposo título de “Director General de Procedimientos Especiales,” emitiera el mencionado “oficio” No. DGPE-23-08-00-008 de fecha 27 de junio de 2023, notificándole a un diputado de la Asamblea nacional de nombre José Dionisio Brito Rodríguez, que María Corina Machado está inhabilitada por un período de quince años para el ejercicio de cualquier cargo público, sin que ella se hubiese enterado de procedimiento ni de decisión alguna en tal sentido, y en todo caso, sin haber sido citada o notificada, sin poder defenderse y sin que se sepa quién pudo haber adoptado esa supuesta decisión, ni desde cuándo ha podido haber comenzado a tener efectos.

  Lo cierto, como se ha dicho, es que pocas veces hay ocasión en el ámbito de la Administración Pública de tener a la vista un documento “oficial” con tantos vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad juntos, razón por la cual no puede llegarse a otra conclusión racional, por su contenido y forma, que no sea que en realidad, el autor del mismo, independiente de quien lo haya firmado, lo que ha querido con el texto es deliberadamente burlarse del propio gobierno del Estado depredador, emitiendo un “oficio” como el que se comenta.

   No puede haber otra explicación, y ni siquiera la que pudiera apuntar al nivel de ignorancia o incompetencia extrema de quienes lo hubieran podido haber confeccionado, ya que racionalmente no podría llegar a los extremos que asaltan, a cualquier lector del mismo. Pero como la duda es libre, y el “oficio” ha circulado y es conocido hay que asumir que quien lo firma, lo concibió, hasta que alegue lo contrario.
   De allí los comentarios al texto del oficio que hacemos a continuación, transcribiendo su texto íntegramente; comentarios que incluimos (en negrita) intercalados en el texto, para tratar de desenmarañarlo:

Ciudadano
JOSE DIONISIO BRITO RODRÍGUEZ

Diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Presente.-

OFICIO N.0DGPE-23-08-00-008

FECHA: 27/06/2023

Me dirijo a usted, en la oportunidad de brindarle en nombre de la Contraloría General de la República, Máximo Órgano de Control Fiscal, un saludo institucional y dar respuesta a su comunicación de fecha 26 de junio de 2023, recibida en la misma fecha, por medio de la cual solicitó conocer el estatus de la inhabilitación para ejercer funciones en la Administración Pública que pesa sobre la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, titular de la cedula de identidad No. V.-6.914.799.

 

Se observa de este párrafo, que se trata de una comunicación que se remite, no a la Sra. María Corina Machado, quien sería la supuesta destinataria de la sanción que se anuncia, sino a un Diputado de nombre Brito, en respuesta a la solicitud que éste habría formulado a la Contraloría para conocer sobre el “estatus de la Inhabilitación” de aquella.

La respuesta al diputado Brito por el Sr. Meneses Rodríguez, no es por tanto – no podría serlo - una “decisión,” una “providencia” o un “acto administrativo” de la Contraloría, de imposición de una sanción administrativa a la Sra. Machado, sino un simple pero ilegal documento informativo destinado a un Diputado sobre asuntos que se refieren a la situación administrativa de ella. Si se llegase a considerar que el texto del oficio es efectivamente una decisión del órgano contralor de imponer esa sanción, el mismo además de inconstitucional, sería ilegal por violar el artículo 105 de la ley Orgánica de la Contraloría que reserva la facultad de imponer esas sanciones, en forma “exclusiva y excluyente” al Contralor General de la República.
Por su contenido, en realidad, el documento no es una decisión, acto o providencia administrativa sino una “certificación de mera relación,” cuya emisión está prohibida en el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (que conforme al artículo 2 de la misma se aplica a la Contraloría), y que ha sido expedida ilegalmente por un funcionario incompetente, con el solo objeto de dar su “testimonio” sobre hechos de los cuales supuestamente conoce, y expresar sus “opiniones” sobre los mismos, contenidos en expedientes archivados o en curso; todo lo cual está prohibido en Venezuela, y por lo cual el funcionario emisor del certificado debería ser sancionado administrativamente.

Por otra parte, conforme a los artículos 77 y 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las investigaciones de los órganos de control fiscal tienen “carácter reservado,” por lo que no puede cualquier persona, así sea diputado, si no es parte interesada en el procedimiento respectivo, acudir a la Contraloría a solicitar y obtener información sobre la situación de otras personas; estando en todo caso prohibido a los funcionarios encargados o en conocimiento de dichas investigaciones, emitir certificados de mera relación sobre los hechos u opiniones relativos a las mismas.

    Al respecto, cumplo con informarle que a la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, titular de la cédula de identidad N.0 V.-6.914.799, le fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, mediante Resolución No. 01-00- 000398 de fecha 13 de julio de 2015, por el periodo máximo previsto en el numeral 2 del articulo 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, el cual mantiene su vigencia en el numeral 2 del artículo 44 de la vigente Ley Contra la Corrupción, en el marco de la auditoria patrimonial sustanciada par la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección General de Procedimientos Especiales de este Máximo Órgano de Control Fiscal.
 
De nuevo, con este párrafo, se reafirma que el documento es una certificación de mera relación prohibida en la Ley Orgánica de la Administración Pública (art. 173), en el cual solo se informa que a la Sra. Machado, mediante Resolución de la Contraloría de 2015, le fue impuesta la sanción de multa e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público “por el período máximo previsto en el artículo 39.2 de la Ley contra la Corrupción” (vigente en 2015), que era de doce (12) meses.

Dichas sanciones, que se establecían en la Ley “por no cumplir con la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio o documentación requerida en el proceso de verificación patrimonial” han continuado reguladas en la reforma de la Ley de 2022 (art. 44.2).

 

Del mismo modo le informo, que se continúa con la investigación patrimonial encontrándose que la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, titular de la cedula de identidad No. V.-6.914.799, está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de QUINC,E (15) ANOS, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fisca1 y numeral 2 del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción.

    En este párrafo, la certificación de mera relación informativa que está prohibida en la Ley, emitida por el funcionario Meneses Rodríguez, al informar sobre supuestos hechos nuevos que la Sra. Machado nunca conoció – hasta leer las declaraciones del Diputado Brito al “anunciar” el contenido del oficio que recibió, sobre una supuesta “investigación patrimonial” que se dice se continuó en la Contraloría y que el funcionario que firma dice que “se encontró” (“encontrándose”), - como quien se puede encontrar algo en alguna parte (una engrapadora, por ejemplo, en una gaveta), y sobre que la Sra. Machado había sido nuevamente sancionada, esta vez con “inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de quince (15) años, “de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y numeral 2 del artículo 44 de la Ley contra la Corrupción,” a pesar de que desde 2015 no ha ejercido cargo público alguno, pero sin mencionarse en forma alguna que hubiera habido una decisión del único funcionario que puede dictar esos inconstitucionales actos que es el Contralor general de la República. Se trata de una absurda e inadmisible “conversión” de una sanción de 12 meses de inhabilitación por una de 15 años, “decretada” en una certificación de mera relación emitida por un funcionario subalterno, totalmente ilegal e inconstitucional.
 

   Al relator de la información contenida en la carta que dirigió al diputado Brito, en efecto, en este párrafo de su relación, en el que se hace referencia al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, por lo visto se le olvidó mencionar el procedimiento administrativo que en el caso se podría haber seguido a espaldas de la interesada, ni si fue el caso, cómo y cuándo se la citó y fue oída la Sra. Machado para poder haber ejercido su derecho a la defensa, ni la fecha de emisión de la nueva “Resolución” del Contralor General de la República – si es que la hubo -, quien en los términos de dicho artículo es el único funcionario que “de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento” tiene asignada la competencia para declarar la responsabilidad administrativa de un funcionario público, y la inconstitucional competencia para imponerle la sanción de inhabilitación política por 15 años, la cual en todo caso, solo procedería cuando se incurra en alguno de losveintinueve (29) supuestos de “actos, hechos u omisiones” que se enumeran y tipifican en el artículo 91 de la misma Ley Orgánica, que el relator de la certificación de mera relación por supuesto no menciona.

   Además, se observa que al hacer referencia el documento, junto con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, al antes indicado artículo 44.2 de la Ley contra la Corrupción (que es el de la reforma promulgada el 2 de mayo de 2022, Gaceta Oficial Extra No. 6699), el relator del documento, sin darse cuenta – o deliberadamente, dándose cuenta para burlare de sus superiores – está informando que la “inhabilitación política” supuestamente impuesta a la Sra. Machado, que habría “encontrado,” tiene que haber sido impuesta después de mayo de 2022, es decir, durante los últimos trece meses, lo que por supuesto no ha ocurrido.

III. EL BURDO INTENTO DE ACHACAR A MARIA CORINA MACHADO TODOS LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS DEL ESTADO DEPREDADOR, CAUSADOS POR EL PROPIO GOBIERNO

A partir del párrafo anteriormente transcrito de la ilegal y errada certificación de “mera relación” informativa del testimonio del Sr. Meneses Rodríguez contenida en el oficio dirigido al diputado Brito, que pone en evidencia el abuso, la incongruencia, el error, la ignorancia y la arbitrariedad propias de las actuaciones de la kakistocracia, en los párrafos siguientes de la misma, el Sr. Meneses procedió a insistir en su actuación ilegal al emitir la “certificación de mera relación” en los términos prohibidos por el mencionado artículo 173 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero esta vez expresando “su opinión” sobre hechos o datos que son supuestamente de su conocimiento en el expediente archivado o en curso, que habrían sido determinados (“se determinó” afirma), pero no expresa quién determinó, qué fue lo que realmente se determinó, y con cuáles consecuencias (solo que “se determinó”); y en otros casos dice que son “hechos públicos, notorios y comunicacionales” ignorando que solo los jueces pueden dar por probados hechos notorios, en su sentencia, dictada un proceso judicial en el cual se ha ejercido el derecho a la defensa, se ha abierto un lapso probatorio con derecho a promover, evacuar y controlar las pruebas conforme al Código de Procedimiento Civil (art.506); en la forma siguiente:
 

   A continuación, se hace de su conocimiento los actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas en las que ha incurrido la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, titular de ·la cedula de identidad No. V.-6.914.799, que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la Republica Bolivariana de Venezuela:
  Se determinaron errores (sobreestimaciones y subestimaciones) asi como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoria patrimonial seguida a la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, titular de la cedula de identidad V-6.914.799. Así mismo, se determinó la existencia de fondos administrados por justificar que representó, un porcentaje cerca del cincuenta por ciento (50%) de los fondos administrados en el periodo evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales como Mercantil, C.A., Banco Universal y Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal y operaciones de depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en moneda extranjera a través de la institución financiera Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal/Cayman Branch.
    Adicionalmente, son hechos públicos, notorios y comunicacionales que la ciudadana MARIA CORINA MACHADO PARISCA, antes identificada, ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador JUAN GERARDO ANTONIO GUAIDÓ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad No. V-16.726.086, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa CITGO HOLDING, INC y CITGO PETROLEUM CORPORATION con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 34.000.000.000,00) a la empresa canadiense CRYSTALLEX por mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 1.500.000,000,00), lo que causó un daño al patrimonio de la Nación por treinta y dos mil quinientos millones de dó1ares americanos (US$ 32.500.000.000,00). La entrega al ex presidente de la República de Colombia Ivan Duque de la empresa MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS, S.A., la cual fue llevada a la quiebra; el secuestro y robo de las treinta y un (31) toneladas de oro venezolano cuyo valor estimado es de mil millones de dóIares americanos (US$ 1.000.000.000,00) por parte del gobierno de Inglaterra y su monarquía. Adicionalmente, el bloqueo de las cuentas bancarias y el robo de un avión del pueblo venezolano. Concluyendo que el bloqueo solicitado por MARIA CORINA MACHADO PARISCA, en connivencia con el usurpador JUAN GERARDO ANTONIO GUAIDÓ MARQUEZ, entre otros, ha generado el secuestro de cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 4.000.000.000,00) retenidos en el sistema bancario internacional. Causando un daño al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela por la cantidad de ciento cuarenta mil millones de dólares americanos (US$ 140.000.000.000,00).

   Participó en la trama de corrupción orquestada por el usurpador JUAN GERARDO ANTONIO GUAIDÓ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad N. V-16.726.086, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, generando como consecuencia que unos diez millones de dólares americanos (US$ 10.000,000,00), fueron bloqueados por las sanciones internacionales impuestas al Estado Venezolano por Washington, impidiendo completar el monto requerido para ser beneficiario del mecanismo COVAX, creado por Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la inmunización. Atentando contra el derecho a la vida de nuestro pueblo.

   Cómplice de la trama de corrupción conocida como El Cucutazo orquestada por el usurpador JUAN GERARDO ANTONIO GUAIDÓ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad No. V-16.726.086, que sustrajo la cantidad de US$ 99.100.000.000,00, de la supuesta ayuda humanitaria.

    Solicitó la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud del pueblo venezolano, por cuanto la banca internacional no aceptó los fondos provenientes de nuestra Nación y los existentes en esos bancos fueron bloqueados, pretendiendo hacer entender en hechos públicos, notorios y comunicacionales que las sanciones de Estados Unidos y sus naciones aliadas contra Venezuela están solo dirigidas a funcionarios del país, siendo que las medidas coercitivas unilaterales atentan contra las Áreas de la Nación al impedir que se ejecuten operaciones cambiarias para la compra de alimentos, repuestos, inclusive medicamentos. Dichas sanciones impuestas por el expresidente Barack Obama y continuadas por el expresidente Donald Trump y por el actual mandatario estadounidense, se han ido agudizando de manera unilateral generando una pérdida de veinte mil millones de dólares americanos (US$ 20.000.000,00), recursos que estaban destinados a la compra de medicamentos. Esa pérdida de recursos se da por la imposibilidad de hacer compras en dólares, debido a las sanciones de Washington a la República Bolivariana de Venezuela, por lo que el legítimo Poder Ejecutivo se ha visto en la necesidad estratégica de realizar transacciones en otras divisas, y las comisiones de los pagos elevan la adquisición de fármacos en medio de esta coyuntura económica consecuencias de esas sanciones. Generando además la imposibilidad de comprar medicamentos antirretrovirales para garantizar el tratamiento a más de 60 mil pacientes de VIH-SIDA, y que contempla las vacunas para niños y adolescentes.

   Del mismo modo impiden las sanciones la llegada de tratamientos contra la malaria y el sarampión, los cuales fueron adquiridos, pero nunca llegaron, porque el proveedor internacional al conocer que el cargamento era para el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, lo suspendió.

   Adicionalmente, el sabotaje de los Estados Unidos contra la salud de los pacientes en Venezuela, con el bloqueo de fondos enviados a entidades financieras en el extranjero no ha dejado que unas 300 mil dosis de insulinas lleguen al país. En virtud de que la entidad financiera Citibank, con sede en Estados Unidos, negó que el Gobierno Nacional utilizara esos recursos dejando a más de 450 mil pacientes dependientes sin tratamiento. Así como también, pretendió que los pacientes oncológicos y muy especialmente los niños no recibieran sus tratamientos.

   Igualmente, producto de la solicitud de aplicación de sanciones económicas al Estado Venezolano, generó la migración de cientos de venezolanos, los cuales en principio fueron utilizados para atacar a la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente objeto de xenofobia, hoy día siendo repatriados por el Plan Vuelta a la Patria del Gobierno Nacional.

   Finalmente, la ciudadana MARÍA CORINA MACHADO PARISCA, titular de la cédula de identidad V-6.914.799, incumplió las disposiciones establecidas en el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva, toda vez que aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a partir del 20 de marzo de 2014, perdiendo así la investidura de Diputada de la Asamblea Nacional, incumpliendo con el deber de honrar y defender la Patria.

Luego de toda esta absurda enumeración de una parte de los males de la República, producto de la guerra que el Estado mismo, conducido por la clepto kakistocrácia a la cual sirve el “relator” Meneses Rodríguez, mediante la cual se ha destruido todo en el país, pero que éste ignora y al contrario los atribuye inicuamente a una supuesta “culpa” de María Corina Machado, el “oficio” concluye con su firma en el documento, larga, grande y enrevesada, que lo único que demuestra es que quizás es un funcionario que no firma muchos documentos, sino algunos eventuales, en “procedimientos especiales” como el que lo llevó a firmar la inconstitucional e ilegal certificación de mera relación que ha emitido en este caso.
  Esta, no es otra cosa que un nuevo misil de esa guerra destructiva desatada por el Estado depredador, como hemos dicho, conducido por una clepto kakistocracia, contra el país, sus instituciones, sus ciudadanos y en general sus habitantes.
 

***

 

Precisión terminológica:

La Cleprocracia, del griego (klepto: ladrón, y κράτος: gobierno), es un gobierno cuyos líderes corruptos usan el poder político para expropiar la riqueza de las personas y la tierra que gobiernan, generalmente malversando fondos del gobierno a expensas de la población en general (Véase en: https://www.google.com/search?q=kleptocracy); y una kakistocracia (del griego: kakistos (κάκιστος: peor; y κράτος: gobierno), con el sentido literal de un gobierno dirigido por los peores, menos calificados o más inescrupulosos ciudadanos (Véase https://www.google.com/search?q=kakistocracy).
 .                                                                                                                                                           

Nueva York, 2 de julio de 2023
 

 

 

EL RESPETO AL SISTEMA INSTITUCIONAL TAMBIÉN INCLUYE LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE: SOBRE LA DENOMINACIÓN “DERECHO PARLAMENTARIO”
    Germán Marcelo Farina[1]
 
1. INTRODUCCIÓN:
La Constitución de la República Argentina, al establecer la forma de gobierno republicana, reconoce que uno de los pilares de la organización institucional, es la existencia del Poder Legislativo como aquel encargado, principalmente, de la formación y sanción de las leyes, atribución exclusiva y que no puede ser delegada en el resto de los poderes estatales, aunque esto no es absoluto, ya que el artículo 76 de la Ley Fundamental, luego de la reforma de 1994, contempla la posibilidad de la delegación impropia.
Sin perjuicio de esto, nadie puede dudar del rol fundamental que ocupa en el diseño institucional el Congreso de la Nación, al ser este el poder representativo por excelencia, al estar en él representados el pueblo de la Nación en la Cámara de Diputados y las provincias, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cámara de Senadores en un pie de igualdad[2].
Además, es el único de los tres poderes del Estado en el que está representada la oposición, haciendo por tanto que haya legisladores tanto de la mayoría como de las minorías.
Tal es la importancia del Legislativo, que la Constitución Argentina le dedica una sección, con siete capítulos y 43 de sus 129 artículos, es decir, un tercio de estos.
Sin embargo, adelantando el objeto de este trabajo, el nuestro es un país con un sistema presidencialista, en el cual el Poder Ejecutivo es el encargado de dirigir los grandes asuntos del país, ya que es el Presidente el Jefe de Gobierno, el Jefe de Estado y Jefe de la Administración, aunque esta última jefatura intentó ser atenuada con la incorporación del Jefe de Gabinete en la reforma ya mencionada, algo que a todas luces fracasó, probablemente por tratar de transplantar una figura propia de los sistemas parlamentarios y por lo tanto, ajena a nuestra historia[3].
Es entonces claro que, si aceptamos que somos un país de tipo presidencialista, resulta inconveniente la denominación dada a la disciplina encargada del estudio del funcionamiento, atribuciones y personajes del Poder Legislativo.
Esto es así ya que, tal como lo menciona el artículo 44 de la Constitución Nacional[4], en Argentina tenemos un órgano denominado Congreso de la Nación Argentina, no Parlamento de la Nación Argentina, siendo por tanto que los integrantes del Congreso no son parlamentarios, sino congresistas.
Probablemente se podrá decir que lo que se está planteando es un simple capricho terminológico. Pero eso no es así y ni es algo que resulta tan novedoso, ya que Carlos María Bidegain lo planteó en 1947 en un artículo denominado “Parlamento y Congreso, una imperfecta sinonimia”, el cual fue publicado en el Tomo 20, Sección Doctrinaria de la revista “La Ley”, pero que sigue arraigado en nuestra cultura jurídica y de la población en general. Basta escuchar o leer cualquier medio de comunicación para observar como de manera insistente se menciona al Congreso como el Parlamento argentino.
En momentos en los que las instituciones en la Argentina se encuentran cuestionadas y en los que el respeto al texto constitucional parece ser cada vez menor, resulta necesario rescatar el valor de lo que ordena nuestra Ley Suprema, lo que incluye necesariamente aceptar la manera en que el constituyente moldeó al país, estando alcanzada también la terminología que empleamos para la denominación de las áreas o temas de estudio.
Veamos las razones que me llevan a realizar esta consideración.
2. EL DISEÑO CONSTITUCIONAL ARGENTINO:
Como se dijo en la introducción, el nuestro es un sistema presidencialista, pensado como consecuencia de las luchas entre los caudillos durante la etapa pre constituyente, razón por la cual se necesitó de una figura con una amplia gama de atribuciones, algo que luego se vio reforzado por la propia experiencia en el país, ya que en diversos momentos, el Poder Ejecutivo fue ejercido por fuertes personalidades como las de Mitre, Yrigoyen o Perón[5].
Es decir, quien conduce los destinos del país es el Poder Ejecutivo por contar con las jefaturas mencionadas, lo que marca una diferencia sustancial respecto a los sistemas parlamentarios, ya que en estos “los ciudadanos eligen principalmente —en algunos casos, únicamente— a sus representantes al Parlamento. La función de estos no es exclusivamente la de legislar, sino la de investir y la controlar al gobierno”[6].
Además, también siguiendo a Sola en el punto, el gobierno depende del Parlamento, al contar con dos mecanismos de control fundamentales: el voto de confianza y la moción de censura, herramientas que no se encuentran presentes en nuestro sistema en idéntico sentido[7].
3. LAS DIFERENCIAS CON EL SISTEMA PARLAMENTARIO:
            Tal como se dijo, la crítica a la denominación de la disciplina, no parte de una mera cuestión semántica, sino de la necesidad de resaltar lo que establece nuestra Constitución Nacional, algo que incluso ha sido tratado por autores como Bidegain y Midón[8].
            Por lo tanto, a continuación se enumerarán las principales diferencias que existen con el sistema parlamentario, siguiendo en el punto a Pablo Manili[9]:
            a) En los parlamentos hay mayor diferencia entre las funciones de ambas cámaras, al punto tal que, en el inglés, por ejemplo, la Cámara de los Comunes prevalece sobre la de los Lores, dado que la primera es electiva y la segunda no.
            Esto marca una diferencia importante respecto a la Argentina, ya que ninguna de las cámaras que integran nuestro Congreso prevalece sobre otra, al ser las dos elegidas directamente por el pueblo, más allá de la distinta base de representación.
            b) En los parlamentos las leyes son propuestas por el Ejecutivo, mientras que el Legislativo se limita a sancionarlas, mientras que los congresos no sólo "sancionan" sino que también "hacen" la ley, tal como lo establece el artículo 77 de la Constitución Nacional, el cual establece que los proyectos de ley pueden tener origen, salvo excepciones, en cualquiera de las dos cámaras, pudiendo ser presentados tanto por el Poder Ejecutivo como por cualquier miembro del Congreso, a lo que podríamos agregar la posibilidad de presentar un proyecto de ley a través de la iniciativa popular, instituto incorporado en la última reforma constitucional.
            c) El gabinete del Ejecutivo en los sistemas presidencialistas es elegido por el presidente[10] (a lo sumo con acuerdo del Senado, como es el caso de los Estados Unidos) mientras que en los sistemas parlamentarios son los representantes los que nombran al Primer Ministro (que generalmente es el líder del Parlamento). 
            d) Como consecuencia de lo anterior, hay una mayor separación entre presidente y congreso de la que hay entre primer ministro (y su gabinete) y el parlamento. 
            e) Además, el gabinete de ministros que funciona en los sistemas parlamentarios tiene mayor intervención en el proceso de formación de las leyes y prácticamente monopolizan la iniciativa legislativa, mientras que en el sistema argentino los ministros solamente se limitan a poder concurrir a las sesiones y tomar parte de los debates, pero sin voto. 
            4. CONCLUSIÓN:
            De la lectura del apartado anterior, surgen con claridad las diferencias que existen con el sistema parlamentario, el cual dista de lo establecido en nuestra Constitución Nacional, más allá de los intentos de incorporar figuras propias de aquel sistema en el afán de atenuar a ese Poder Ejecutivo fuerte, algo que ha fracasado con todo éxito, pese a la defensa que pueden llegar a realizar algunos de los integrantes de la Convención Constituyente de 1994.
            Por ello, y sin querer ofender a los autores que con tanta claridad han desarrollado la materia, se debe trabajar en buscar una nueva denominación, que guarde coherencia con nuestra historia y nuestro texto constitucional, tal como podría ser “El Derecho Congresional” o “El Derecho del Congreso”.
            Se reitera, las palabras vertidas a lo largo de este trabajo no buscan menospreciar a quienes vienen estudiando todo lo relacionado al Congreso de la Nación, sino que el objetivo es hacer un llamado a todos aquellos estudiosos del Derecho Constitucional para que abracemos y aceptemos el sistema que tenemos, sin necesidad de buscar denominaciones o rótulos ajenos al texto constitucional.
            En momentos en los que, por diversas circunstancias, el rol del Poder Legislativo parece que va tener una mayor importancia, es esencial que su estudio tenga como punto de partida el respeto al diseño institucional, llamando a las cosas por su nombre, algo que también alcanza a las cátedras universitarias, en cuyos planes de estudio y/o programas curriculares, encontramos al “Derecho Parlamentario”, motivo por el cual se debe incentivar a  modificar esto, de acuerdo a los parámetros aquí expuestos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Abogado (Universidad Nacional de Cuyo),Profesor de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho-Universidad Nacional de Cuyo) Relator en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

[2] Igualdad que es relativa, ya que si bien cada distrito tiene 3 senadores, la incorporación del 3º senador en 1994 ha llevado a una representación de tipo partidaria en la Cámara Alta.

[3] FARINA, Germán Marcelo “El Jefe de Gabinete, la Reforma de 1994 y la realidad argentina” en Infobae 18/02/2023

[4]Artículo 44 CN: “Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación”.

[5] DALLA VÍA, Alberto R., “Presidencialismo v. Parlamentarismo: reminiscencias de un debate”, TR La Ley 0003/013957

[6] SOLA, Juan Vicente, “El Poder Legislativo: de la división de poderes a la confusión de poderes” en GENTILE, Horacio (comp.) “El Poder Legislativo. Aportes para el conocimiento del Congreso de la Nación Argentina”, Fundación Konrad Adenauer, 2008, pág. 126.

[7] Se aclara que la moción de censura está prevista en el artículo 101 como mecanismo de remoción del Jefe de Gabinete de Ministros.

[8] BIDEGAIN, Carlos M., “Congreso y Parlamento”, separata de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, anticipo de Anales 1996, tomo XV. MIDÓN, Mario A., “Organización y Funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”, Hammurabi, 2012, pág. 48

[9] MANILI, Pablo Luis, “Ni 'fueros', ni 'parlamentarios´”, Especial para Rubinzal Culzoni, RC D 246/2021

[10] Artículo 99 inciso 7 CN: “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución”.

¿QUIÉN MANDA AQUÍ?
Robert Marcial*
Así se titula un libro publicado por la Editorial “DEBATE” en 2017 que fue coordinado por el ex Presidente del gobierno español Felipe González junto a los politólogos Gerson Damiani y José Fernández – Albertos. El libro referido recoge una serie de artículos de investigación elaborados en el marco de la prestigiosa cátedra “José Bonifacio” de la Universidad de San Pablo. El trabajo aborda y analiza a profundidad los factores que derivaron en la crisis global de la democracia representativa así como los aspectos más complejos que socavan la gobernanza y dinamitan la institucionalidad republicana entre los que se cuentan fenómenos como el populismo, la miseria, la exclusión y el crimen organizado. 
La situación actual que vive el Paraguay en materia de gobernanza bien podría sumar un capítulo más al libro aludido. En efecto, a la luz de los hechos (enfatizo, HECHOS y no simples especulaciones) que se vienen dando en varios frentes, es imperioso y necesario que nos formulemos primero y tratemos de responder después la pregunta ¿Quién manda aquí?
¿Manda verdaderamente el Presidente? ¿Lo hace con eficacia? ¿Proyecta señales de liderazgo autónomo y genuino? ¿Gobiernan los poderes públicos legítimamente constituidos? ¿Impera el Estado de Derecho? ¿Co – gobierna el Poder Judicial o éste es un simple apéndice de los poderes fácticos? ¿Dialogan y coordinan acciones el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? ¿Se proyectan desde el Ejecutivo mensajes claros que generen confianza y credibilidad?, etc.  
Si bien un sector importante de la sociedad -no sin razón- ya había asumido que al Presidente Peña le iba resultar imposible poner en práctica una agenda distinta a la del Sr. Cartes, muchas personas (entre las que me incluyo) teníamos la esperanza (en mi caso la sigo teniendo) de que al menos (enfatizo, al menos) en algunos temas prioritarios, el titular formal del Ejecutivo iba ser capaz de desarrollar algunas líneas de acción política útiles para mejorar los indicadores sociales, generar mayor inclusión, fortalecer la institucionalidad democrática, potenciar la imagen del país, atraer capitales de inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de la gente.
Sin embargo, durante los primeros dos meses de gobierno la agenda política estuvo cargada de temas prioritarios y trascendentes que dejaron en evidencia que el Presidente Peña “reina pero no gobierna”. Y en este tramo, vale preguntar si no gobierna porque no quiere o no gobierna porque no puede.
Quienes confiamos en las cualidades y aptitudes del Presidente Santiago Peña nos sentimos inclinados a creer que no gobierna porque no puede; y no puede, porque su entorno político íntimo decidió hacerle saber de entrada -y para siempre- que poco o nada importan las ideas, las iniciativas, los planes o las buenas intenciones que pueda tener él o que puedan surgir del seno del debate público.
El entorno íntimo del titular formal del Ejecutivo le está haciendo saber día a día y en cada tema trivial o trascendente que el país le pertenece hoy (literalmente) a una facción de poder fáctico que no solo desprecia las conductas y comportamientos funcionales a los valores de la Democracia Constitucional sino que ha resuelto hacer gala y ostentación de arrogancia, prepotencia y soberbia sin que importe que en el camino la sociedad paraguaya tenga que sacrificar los modestos logros alcanzados durante los (casi) 35 años de vida democrática.
Desde la toma del Penal de Tacumbú donde un grupo criminal impuso (enfatizo, IMPUSO) sus condiciones al Poder Ejecutivo doblegando sin esfuerzo al remedo de Ministro que está (que sigue!!!!) al frente de la cartera de Justicia, pasando por la decisión tomada por el Movimiento Honor Colorado de elegir como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a un pobre diablo incapaz de hilar una frase y que además ni siquiera puede explicar la legitimidad de su supuesto título de abogado, hasta la denuncia de extorsión (enfatizo, EXTORSIÓN) que el propio Presidente Santiago Peña realizó públicamente en televisión, surgen evidencias claras de que el país está siendo manejado por un grupo de poder para quienes poco o nada importan los valores que sostienen al sistema de relacionamiento y de convivencia dado por la Democracia.
Si a ello le sumamos otros desatinos operativos y comunicacionales no menos graves e imputables al titular formal del Ejecutivo como por ejemplo: el silencio cómplice con el que el Presidente avaló la afrenta institucional que representó la designación de un impresentable como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mostrando así que no le interesa propiciar la independencia del Poder Judicial tan necesaria para atraer inversiones; o, el despropósito que significó el pedido de aumento salarial realizado por el Presidente para congraciarse con los Parlamentarios oficialistas (léase afines a la agenda de los poderes fáctico) que acto seguido lo dejaron en ridículo precisamente con el fin de que quede claro quién manda aquí; o, su decisión de avalar el interés de quienes están forzando la interpretación de la norma para remover de un plumazo al actual representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura; o, inclusive el estruendoso silencio ante la noticia que dio cuenta de que el Paraguay ocupa el cuarto lugar en materia de crimen organizado a nivel mundial, queda más que claro y evidenciado que el actual titular del Poder Ejecutivo, en el mejor de los casos, tal vez reine pero está lejos, muy lejos de gobernar.
¿Puede el Presidente cambiar las cosas? Sería muy ingenuo pensar o pretender que en la coyuntura actual el titular formal del Ejecutivo pueda realizar cambios significativos. En un entorno así, la menor disidencia o la más leve tentativa de ejercitar la crítica no solo le costaría el puesto sino que pondría en riesgo su seguridad.
No obstante ello, ahora que vivió en carne propia que “su” equipo responde a otros intereses y a otro liderazgo a tal punto de que no dudaron en dejarlo en ridículo ante la opinión pública, el Presidente debería (en beneficio propio y de la ciudadanía) buscar un resquicio para despegarse de ciertas líneas de acción mostrándose firme e intransigente en algunas cuestiones aunque se traten de temas que terminan siendo decididos por otros estamentos u otros Poderes del Estado.
Su propio equipo ya le hizo saber que el apoyo que le brindan es muy limitado y sobre todo, está muy condicionado a que se muestre sumiso y funcional a la agenda de los poderes fácticos. Le resta, con suerte, el apoyo del sector de la ciudadanía crítica que se resiste a sucumbir a los proyectos populistas que emergen como alternativa en toda la región y que ya mostraron su potencial en las últimas elecciones.
Empero, si el Presidente quiere mantener ese respaldo, urge que proyecte algunas señales mínimas que se traduzcan en hechos concretos y discursos acompañados de acciones coherentes que muestren que, al menos esos escasos nichos que aún pueden aislarse de las fauces del crimen organizado y del populismo, recibirán atención prioritaria: salud, empleo, apoyo a emprendedores, educación.  
Los mensajes públicos y las líneas de acción política que se requieren en este momento, deberían ser motivados en beneficio de la Democracia Constitucional y estar cimentados en valores como la convicción, el patriotismo y la dignidad. Ahora bien, si el Presidente optó por resignar la dignidad (personal e institucional), igual debería tomar nota de los aportes críticos de la ciudadanía cuanto más no sea en su propio interés pues a este ritmo, queda claro que le será muy difícil completar su mandato. Es larga la fila de militantes históricos que están mejor entrenados para llevar adelante la agenda de los poderes fácticos y que no están dispuestos a esperar otros cinco años…
Sin el apoyo de la ciudadanía crítica que sigue apostando por la Democracia, mucho me temo que cuando emerja de las profundidades el Kraken con el que convive, al Presidente no le alcanzará con su disfraz de Batman y tal vez, deba acudir al Chapulín Colorado…
 

* Presidente de la Sección de Paraguay del IIDC y del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional